Por una Zona G
sana y libre de irregularidades
El próximo sábado 28 de febrero a la 1:30 PM se
iniciará el plantón a favor de la No Peatonalización de la Zona G, organizado
por La Comunidad de Residentes de la Zona G.
El punto de encuentro será en el parque Aparicio y Tamayo (Cr 5., Calle
69).
Bogotá-. Representantes de más de 2000 familias
residentes de la Zona G, Rosales, Emaus, Chapinero, Nueva Granada y Juan XXIII
participarán en una protesta pacífica para advertir a la ciudadanía del proceso
antidemocrático e ilegítimo liderado por el alcalde local Mauricio Jaramillo
y por la ex edil de Chapinero por Cambio
Radical Juliana Márquez, a favor de la peatonalización de la Zona G, o como se
ha querido hacer pasar de agache con el nombre de “Intervención
Integral de la Zona”.
La comunidad organizó el plantón tras agotar las
instancias legales a su disposición. Su
lucha inició en septiembre 2013, poco después de que el alcalde local Jaramillo
diera a conocer de manera informal el proyecto de peatonalización, y dijo que
contaba con el supuesto aval de los residentes, quienes habrían participado en
un cabildo para tal fin.
En un Cabildo para supuestamente priorizar vías a
rehabilitar, un grupo de 10 comerciantes directamente beneficiados con el
proyecto aprobaron la peatonalización y en esta decisión no intervino la
comunidad.
Según el Acta de la reunión entre los asistentes al
cabildo, que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2013, por parte de los
empresarios se encuentran Jorge Rausch -dueño del restaurante Criterión-, Francois Cornellis -socio de La Cigalle, y
Gerónimo Basile -socio de Kong, Magonolio, y N.N. También asistieron Juan Sebastián Toro, dueño de Valet Parking, y Carlos Restrepo,
empresario del sector de restaurante, entre otros.
La comunidad protestará pacíficamente porque su
opinión no ha sido tenida en cuenta, aún luego de advertir los efectos
perjudiciales del proyecto que los afecta directamente y que direcciona 60% del
presupuesto de vías de la localidad para una obra innecesaria.
Intimidaciones A la Comunidad
Además, la comunidad teme que los organismos de
chequeo como la Personería y la Procuraduría no cuentan con capacidad
suficiente para hacerle frente a los intereses del alcalde local y los
comerciantes que promueven el proyecto.
Uno de los líderes de la comunidad de Residentes de
la Zona G, Camilo Reales, fue amenazado, intimidado y calumniado por parte de
quienes se oponen a su gestión como líder civil. Las amenazas ocurrieron en
febrero del año pasado, y hacen parte de un proceso en la Fiscalía General de
la Nación, no obstante, las calumnias e intimidaciones aún siguen, no solo a
Reales sino a otros miembros de la comunidad.
La comunidad teme que la Ley de Garantías, la cual
entra en vigencia en junio próximo, apresure aún
más las pretensiones del alcalde local Mauricio
Jaramillo y logre de manera irregular acelerar los procesos de contratación
encaminados a la peatonalización de la zona.
Para la comunidad ha sido un proceso
antidemocrático. El supuesto cabildo aprobó una obra que no hacía parte del
objeto de los Cabildos de vías. El alcalde miente al decir que la
peatonalización y, más recientemente, la llamada Intervención Integral de la
zona G cuenta con los estudios necesarios y con el apoyo de la comunidad, y
peor aún, la comunidad ha presentado cientos de firmas en contra del proyecto
que han sido ignoradas por el alcalde.
Más de 7 audiencias públicas y dos procesos
disciplinarios
Para la comunidad, el alcalde local y quienes
quieren convertir ésta en otra Zona Rosa actúan en contra de los intereses de
la mayoría, a favor de una minoría poderosa y capaz de manipular a los
organismos que supuestamente trabajan a favor del pueblo.
A raíz de las actuaciones de la ex edil Márquez y
del alcalde local Jaramillo, la comunidad promovió durante 2013 y 2014 más de siete audiencias públicas
para detener la peatonalización y fijar su posición respecto del tema. Además, en
la Personería Distrital existen dos procesos disciplinarios contra el Alcalde
Local relacionados a la Zona G.
Entre las conclusiones a las que diferentes
entidades del gobierno local llegaron durante las audiencias, existe la del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, según la cual la peatonalización
es “inconveniente” y no cuenta con el aval de esa institución.
Julio César López Ospina, asesor del Dadep,
consideró que el proyecto es oneroso y bajo en la lista de obras prioritarias
frente a otras necesidades urgentes del sector.
Chapinero es una de las zonas con menos presupuesto,
con un total de $5,970 millones de pesos
para malla vial. A su vez, la peatonalización de la Zona G costaría $3,600 millones, es decir 60% del presupuesto
total para vías de la Alcaldía Local. El área a intervenir abarca apenas una calle y media, de las 1,233
calles que necesitan intervención en Chapinero, según el IDU.
Posición de Entidades Distritales
“Hay que priorizar la inversión de ese presupuesto.
Hay otras necesidades básicas insatisfechas y otras necesidades sentidas de la
comunidad de Chapinero que deben ser sufragadas con el presupuesto de la
alcaldía local”, sostuvo López.
El Comandante de la Estación de Chapinero, Teniente Coronel
Raúl Vera, en audiencia pública de la personería el 25 noviembre de 2014,
sostuvo que la zona G podría convertirse en una Zona Rosa si los entes de
control no llevan a cabo los controles urbanísticos pertinentes.
Por su parte el intendente del CAI Granada de
Chapinero, Edilson Barón Daza, en declaraciones ante la Junta de Administración
Local de Chapinero sostuvo que fue intimidado por cinco funcionarios del
distrito y un empleado del bar/rumbiadero Magnolio, al tratar de sellar el
establecimiento el 26 de julio de 2014, de igual manera el Intendente denuncio
que el procedimiento fue presuntamente obstaculizado. Actualmente Magnolio no
opera en la zona.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad concluyó
que es fundamental contar con el apoyo de los residentes para garantizar el
éxito del plan de manejo de tránsito propuesto. Así mismo, la Secretaría de Planeación y el Instituto de Patrimonio y Cultura
Distrital concluyeron que es necesario que el alcalde local Jaramillo presente
tanto los estudios formales como un proyecto estructurado y completo para
analizar si se autoriza o no su desarrollo, y que en todo caso debe allegar las
actas de concertación con la comunidad que demuestren acuerdo con la misma
respecto de la realización del proyecto.
Jaramillo está en contra de la
voluntad de la comunidad
Aun así, en contra de los conceptos de las
organizaciones distritales y de la comunidad, Jaramillo presentó el 22 de mayo
de 2014 una adición al contrato de vías con el señor Milton Eduardo Rivera para
contratar los estudios y diseños de la peatonalización por un costo total de
$134,000,000. Hasta esa fecha Rivera, como persona natural, ejecutó un
presupuesto de $4’190,000.000 para la Alcaldía Local de Chapinero.
La acción de Jaramillo provocó indignación en la
comunidad, lo cual, a su vez, determinó la contratación del señor Elías Cano como gestor social, por parte de
la alcaldía local.
Actuando como contratista de la Alcaldía Local, Cano
se reunió con la comunidad el 27 de agosto de 2014. De esa reunión, hizo un
diagnóstico de los problemas de la zona.
Cano convocó una segunda reunión el 15 de septiembre
del año pasado con la presencia del alcalde local. En ella, Jaramillo manifestó
que no se peatonalizaría la Zona G.
Sin embargo, el alcalde local anunció que existía un
presupuesto para una “intervención integral” de la Zona G, y aclaró que no existía una propuesta formal
para presentarla ante la comunidad y contar con la aprobación de ésta.
Por su parte, Elías Cano le solicitó a la comunidad
la suscripción de un acuerdo de intenciones con la alcaldía local para aprobar
“la intervención integral de la zona” el 2 de octubre de 2014. La comunidad se
negó a hacerlo, ya que lo consideró improcedente porque no existía un proyecto
ni estudios que lo sustentaran.
El 22 de octubre, es decir 13 días hábiles después,
Elías Cano convocó una reunión informal con cuatro personas de la comunidad
para informarles que Jaramillo ya contaba con los estudios para la realización de
la “intervención integral” de la Zona.
En esa oportunidad, las cuatro personas de la
comunidad insistieron en que los estudios tendrían que ser conocidos en detalle
por la comunidad, y que la propuesta de intervención del alcalde local tendría
que ser objeto de discusión y análisis.
Sin embargo, y haciendo caso omiso a la posición de
la comunidad, el 24 de octubre de 2014, el alcalde local de Chapinero anunció
la realización de una “intervención integral”
en las dos calles de la Zona G.
En esa oportunidad Jaramillo dijo que contaba con el
respaldo de los residentes y que la licitación se abriría en marzo de 2015.
También anunció que la obra se iniciaría en el segundo semestre de ese mismo
año, es decir seis meses antes de finalizar su término como alcalde local, a lo
cual la comunidad respondió negando su respaldo al proyecto, mediante
comunicado suscrito por cientos de residentes, incluyendo al mismo gestor
social, Elias Cano.
Acciones legales
La comunidad
rechazó tajantemente los pronunciamientos del alcalde local, divulgados a
través de los medios de comunicación, en los que informó la realización del Proyecto de
Peatonalización, disfrazado con el nombre de "Intervención Integral".
Para la comunidad,
las actuaciones del alcalde local Jaramillo son antidemocráticas, constituyen
una afrenta al estado de derecho y representan un detrimento a las finanzas de
la localidad. Además, niega las actuaciones de la comunidad, la cual participó
durante un año en Audiencias Públicas ante la Personería Distrital, reiterando
su total oposición a cualquier forma de Peatonalización.
Tanta es la desconfianza que la comunidad le tiene
al alcalde local que está elaborando una acción legal por violación a la moral
administrativa para detener las acciones de Jaramillo.
Así mismo, la falta de garantías, las mentiras, las
manipulaciones y las trabas en responder a sus requerimientos, llevó a la
comunidad a interceder ante la Personería Distrital un derecho de petición para
que los residentes sean consideramos como parte del proceso el 1º de diciembre
de 2014.
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